CÓDIGO ÉTICO

El Instituto Internacional de Ciencias Políticas, en adelante, el “IICP”, proclama su adhesión incondicional a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como a los demás Instrumentos Internacionales garantes de dichos Derechos.

 

El IICP defiende el Estado de Derecho y los principios de legalidad y representación democrática.

 

El IICP promueve la política en el sentido clásico de “la polis”, como foro de encuentro de los legítimos representantes de la comunidad para resolver los posibles conflictos y afrontar los retos en aras del bien común, siempre desde la ética, la justicia, la transparencia activa y el diálogo sincero.

 

Al mismo tiempo, el IICP promueve y defiende la incorporación de las nuevas tecnologías para aumentar la calidad democrática del sistema y fortalecer la ética, la trasparencia y la integridad de todos los agentes públicos, especialmente quienes han sido elegidos por voto popular.

 

El IICP lamenta profundamente que la globalización económica esté siendo utilizada, en no pocos casos, para realizar una competencia desleal, sustentada sobre prácticas corruptas que ignoran los derechos de los trabajadores. La mundialización económica sólo puede vertebrarse desde sólidos principios morales y la existencia de un regulador internacional con poderes suficientes.

 

El IICP impulsa y ampara nuevos recursos legales, penales y administrativos, para garantizar el recto funcionamiento en el ejercicio de las potestades públicas.

En el ámbito de los Derechos Sociales y Económicos, el IICP proclama su tolerancia “CERO” ante incumplimientos que generalmente conducen a la propagación de la corrupción. En virtud de lo anterior el IICP establece como instrumentos propios y voluntarios de autorregulación ética, los siguientes:

No podrán colaborar en las actividades del IICP ni ser designados para ejercer funciones, personas físicas o jurídicas imputadas, ivestigadas, inculpadas, procesadas o condenadas, por la comisión de delitos tipificados en materia de corrupción, especialmente en los ámbitos político, social, fiscal, económico y delitos de los funcionarios, aun cuando hayan sido indultadas, o sus delitos hayan prescrito o no hayan podido ser perseguidos por incompetencia o razones procesales de cualquier naturaleza. (Vgr.: Tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación, fraude fiscal, delitos urbanísticos, delitos medioambientales, blanqueo de dinero y conductas afines, uso indebido de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas, defraudaciones, insolvencias punibles, negociaciones prohibidas a los funcionarios, etc.)

El IICP no prestará asesoramiento o consejo a Estados no democráticos, salvo que se trate de cuestiones de mediación para resolución de conflictos armados, procesos de transición a la democracia, o en el ámbito de las políticas educativas, medioambientales y/o de desarrollo propiciadas por las Naciones Unidas.

El IICP no prestará asesoramiento o consejo, ni tendrá relación negocial alguna, con entidades públicas o privadas que incurran directa o indirectamente en alguno de los siguientes supuestos:

  1. Utilización de empleados sin respetar las normas básicas de protección de los trabajadores.
  2. Propagación o defensa de ideas que fomenten la discriminación en cualquiera de sus vertientes.
  3. Que inviertan o hayan invertido en “paraísos fiscales” o en productos financieros no transparentes. Asimismo quedan igualmente reprobados quienes comercialicen análogo tipo de productos en cualquier parte del mundo.
  4. Que no mantengan una política activa en materia de transparencia.
  5. Que hubieran especulado directa o indirectamente en el ámbito inmobiliario, económico o bursátil, ejerciendo mala praxis.
  6. Que no posean o apliquen códigos éticos rigurosos en su actuación profesional o empresarial.
  7. Que mantengan relaciones comerciales o inversiones económicas en:
    • Negocios opacos.
    • Explotación sexual.
    • Paraísos fiscales.
    • Negocios de armamento (fabricación, exportación, importación, material de defensa o doble uso) sin cumplir estrictamente las normas internacionales aplicables y las establecidas por la legislación española para garantizar el último destino. Asimismo quedan reprobadas las actividades industriales o comerciales de material antidisturbios que beneficien directa o indirectamente a países no democráticos.
  8. Empresas relacionadas con la biomedicina, que poseyendo legítimamente patentes u otros títulos industriales para combatir enfermedades pandémicas, no dispongan de programas de colaboración solidarios para ayudar a la erradicación de patologías graves en países con escasos o nulos recursos económicos.

El IICP actuará implacablemente contra cualquier persona o entidad que mantenga relación de cualquier naturaleza con él e incurra en alguno de los supuestos antes enumerados, procediendo a su expulsión o suspensión, así como a su denuncia ante las autoridades competentes y ante la opinión pública.